Victoria legal: Corte limita búsquedas masivas en dispositivos de manifestantes
Tribunal de EE.UU. protege derechos de manifestantes contra búsquedas desproporcionadas de datos digitales tras protesta de vivienda.
En una decisión histórica para los derechos de los manifestantes, la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de Estados Unidos revocó el despido de una demanda que desafió órdenes judiciales excesivamente amplias para registrar dispositivos y datos digitales de activistas.
El caso Armendariz vs. Ciudad de Colorado Springs surgió tras una protesta por vivienda en 2021, donde la policía arrestó a manifestantes por obstruir una carretera. Posteriormente, las autoridades obtuvieron órdenes para confiscar y revisar todos los dispositivos de Jacqueline Armendariz Unzueta, acusada de arrojar una bicicleta durante la protesta.
Las órdenes autorizaban búsquedas desproporcionadamente amplias: todas sus fotos, videos, emails, mensajes de texto y datos de ubicación durante dos meses, además de búsquedas ilimitadas por 26 palabras clave tan generales como "bicicleta", "agresión", "celebración" y "derecho". Esto permitió a la policía revisar años de datos privados, supuestamente para investigar un simple delito de agresión.
Además, obtuvieron una orden para registrar la página de Facebook del Centro Chinook, organización que encabezó la protesta, pese a nunca haber sido acusada de crimen alguno.
La Corte determinó que las tres órdenes eran excesivamente amplias y carecían de especificidad en alcance y duración. Crucialmente, dictaminó que los oficiales violaron leyes "claramente establecidas" y no tenían derecho a inmunidad calificada.
Esta decisión es excepcional: es raro que tribunales de apelación cuestionen órdenes de registro y más raro aún que nieguen defensas de inmunidad policial.
Para América Latina, donde las protestas sociales enfrentan creciente vigilancia digital, este precedente ofrece argumentos jurídicos valiosos para defender los derechos de manifestantes contra búsquedas desproporcionadas de datos personales. El caso establece límites importantes sobre cómo las autoridades pueden usar la tecnología para investigar la participación en protestas legítimas.
Fuente original: Electronic Frontier Foundation
Este resumen fue generado con asistencia de IA y revisado editorialmente por Algoré.