Google rompió promesa de privacidad y entregó datos a migración de EE.UU.
ICE obtuvo datos de estudiante que protestó por Palestina sin notificación previa, violando política de Google.
En un caso que expone las tensiones entre privacidad digital y poder estatal, Google entregó datos de un estudiante internacional a las autoridades migratorias de Estados Unidos sin cumplir su promesa de notificación previa.
Amandla Thomas-Johnson, estudiante de doctorado con doble ciudadanía británica y trinitense, asistió brevemente a una protesta pro-palestina en Cornell University en septiembre de 2024. La retórica del gobierno de Trump contra estudiantes manifestantes lo obligó a esconderse durante tres meses mientras agentes federales lo buscaban.
Tras huir a Canadá, Thomas-Johnson creyó haber escapado del alcance de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, en 2025, ICE solicitó sus datos a Google mediante citación administrativa. La empresa entregó la información sin notificar previamente al usuario, rompiendo una política de casi una década.
Vigilancia digital sin fronteras
Los datos entregados incluían direcciones IP, ubicaciones físicas, identificadores y tiempos de sesión que, combinados, crean un perfil detallado de vigilancia. Aunque no incluían contenido de mensajes, estos metadatos revelan patrones íntimos de comunicación y ubicación.
La Electronic Frontier Foundation presentó quejas ante los fiscales generales de California y Nueva York, acusando a Google de prácticas comerciales engañosas por romper su promesa de transparencia.
Implicaciones para América Latina
Este caso ilustra cómo la vigilancia digital estadounidense trasciende fronteras, afectando especialmente a estudiantes internacionales de países en desarrollo. Para América Latina, donde muchos jóvenes estudian en Estados Unidos, esto plantea interrogantes sobre la protección de datos de ciudadanos extranjeros.
La situación evidencia la vulnerabilidad de quienes ejercen su derecho a la protesta política, particularmente estudiantes internacionales cuyo estatus migratorio los convierte en blancos fáciles de represión estatal.
El caso también subraya la necesidad de marcos regulatorios más robustos que protejan la privacidad digital y limiten la colaboración entre tecnológicas y autoridades migratorias, especialmente relevante para países latinoamericanos que buscan equilibrar cooperación internacional con protección de derechos.
Fuente original: Electronic Frontier Foundation
Este resumen fue generado con asistencia de IA y revisado editorialmente por Algoré.